La crisis política que vive hoy Brasil comenzó a gestarse el mismo día en que Dilma Rousseff fue reelecta como presidenta. Si se observa la foto de anuncio de su victoria, la imagen principal es una ganadora festejando, pero en segundo plano se observa un vicepresidente de poco humor. Es que a Michel Temer le cayó como un balde de agua fría la postulación, esa misma noche, de Ignacio Lula Da Silva como candidato para 2018. Resultaba una jugada osada frente a un aliado que se siente con la legitimidad de postular miembros a la primera magistratura.
Una afirmación de la ciencia política brasileña es que no se gobierna sin el PMDB. Es que el Partido por el Movimiento Democrático Brasileño mantiene un peso territorial, con un millar de prefeituras y siete gobernaciones, e institucional, con 66 diputados y 19 senadores (acaba de sumar a la ex petista Marta Suplicy), para condicionar cualquier coalición de gobierno, sin importar la ideología. Pasó de estar en la base aliada del gobierno de Fernando Henrique Cardoso a coaligarse en la gestión de Ignacio Lula Da Silva y ser aliado principal en la administración de Dilma Rousseff.
Desde esa noche, los referentes del PMDB comenzaron a cuestionar la gestión petista, generando una presión que lleva a una crisis que no se soluciona con más cargos y coloca un punto de inflexión hacia la oposición. Sin embargo, su gran encerrona es la capacidad de conducir la crisis política, porque sólo lo beneficiaría una renuncia de Dilma Rousseff, que dejaría el gobierno al mismísimo Michel Temer. Por el contrario, un juicio político se extendería hasta 2017, pasando por las municipales de octubre, un test electoral que podría debilitarlo. Y una anulación por parte de la justicia de la elección de 2014, implicaría la destitución también del vicepresidente. Por eso, frente a una presidenta que aseveró a la prensa que jamás renunciaría, la convención del PMDB, reunida este sábado, se tomó un tiempo para evaluar el escenario.
Y este análisis superestructural no excluye otras variables, como la embestida judicial y la arenga mediática contra la corrupción que, sin pretender excomulgar a un Partido dos Trabalhadores que no supo y no pudo sostener la transparencia de su administración, apuestan al desgaste de un gobierno que cada vez tiene más cuesta arriba la gobernabilidad. Sin embargo, estas movilizaciones están cuestionando a todo el arco político, en una especie de "que se vayan todos", repudiando también a los principales interesados del PMDB, como Eduardo Cunha y Renan Calheiros, o a oportunistas como Aécio Neves y Geraldo Alckmin del siempre opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), todos flojos de papeles en el tema de corrupción.
Las últimas cartas de Dilma se centran en las movilizaciones de apoyo, de sectores que a su vez cuestionan sus políticas de ajuste, y la posible designación de Ignacio Lula Da Silva en el Gabinete, de cara a buscar su sucesión, situación que solo será posible si, en abstracto, la economía brasileña se recupera, lo que implica, en concreto, que la burguesía paulista no pueda sostener una fase a pérdida y se conforme con las medidas que le saque al gobierno petista y vuelva a invertir. «