Promesas Electorales. Tiempo Argentino. Por Ricardo Romero


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Opinión
“Promesas electorales de Serra sin fuente de financiamiento”
Publicado el 26 de Octubre de 2010
Por Ricardo Romero
Politólogo UBA/UNSAM.

Al fragor de la campaña, José Serra promete a los brasileños superar las políticas sociales del gobierno de Lula. Se compromete a subir el salario mínimo, aplicar un semiaguinaldo a la Bolsa Familia, y subir las jubilaciones y pensiones. Sin duda, una propuesta que parece justa, pero que no explica su fuente de financiamiento.
Siguiendo algunas cuentas, que expone André Siqueira de Carta Capital, subir el salario de 538,14 a 600 reales implicaría al Estado una erogación de 12,3 mil millones de reales; e incorporar una 13a cuota a la Bolsa Familia sumaría 1,14 a los 13,7 mil millones que cuesta hoy el programa. Y según el economista de IPEA Marcelo Caetano, subir 10% las jubilaciones y pensiones demandaría unos 6,2 mil millones más. En definitiva, mientras sostiene que Lula tuvo un excesivo gasto público, Serra promete asignar unos 19,6 mil millones a políticas sociales.
Según un especialista en cuentas públicas, Amir Khair, ex secretario de Finanzas de San Pablo, el 80% del presupuesto público está asignado (salarios y compromisos operativos) y sólo se puede maniobrar sobre el resto. Para el economista, para lograr 9,9 mil millones se tendría que hacer un ajuste del 2,58% del gasto total equivalente al 0,4 del PIB, un shock que implica un recorte del 30% en los gastos líquidos sobre lo que puede operar el Poder Ejecutivo. Y aun así, se estaría a la mitad de cumplir con las promesas de Serra.
Como se ve, la estrategia de la oposición no es criticar las políticas sociales, por el contrario, radicalizarlas para intentar poner en jaque la gestión. Conviene recordar que el gobierno de Lula desarrolló un fuerte ajuste durante los primeros años, para luego desplegar sus políticas sociales a partir de la recuperación económica, permitiendo así un desarrollo sustentable de sus programas sociales. Sería un buen ejemplo para reclamar responsabilidad en la formulación de políticas públicas. Punto que se debe tener en cuenta para evitar crisis que perjudican a los mismos sectores que se intentan beneficiar.


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